Persecución

de los áhmadis

en el Pakistán

Introducción

El Movimiento Ahmadía del Islam es una organización religiosa de ámbito internacional, que tiene sedes establecidas en 176 países de África, América, Asia, Europa, Australia y Oceanía. El Movimiento Ahmadía fue establecido en 1889 por Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadián. El Movimiento que inició es la encarnación del mensaje benévolo del Islam: la paz, la hermandad universal y el sometimiento a la voluntad de Dios, en su pureza original. Rechaza tajantemente el terrorismo de cualquier forma y origen.

Los Disturbios Anti-Ahmadía de 1953 y 1974

El poder religioso del Pakistán no aprueba la naturaleza reformadora del Movimiento Ahmadía, y lo considera hereje. Con frecuencia, los políticos han considerado políticamente atractivo apoyar a los Mul-lahs (clérigos fanáticos) en su campaña de agitación anti-ahmadía. La primera oleada de violencia a escala nacional surgió en el año 1953. Una investigación judicial a alto nivel, determinó que las exigencias y consideraciones políticas fueron la causa principal de la incitación a la violencia anti-ahmadía. Muchos años después, en el año 1974, el entonces Presidente Bhutto consideró ventajoso desde el punto de vista político declarar a los áhmadis como una minoría no musulmana. Esta decisión fue tomada tras una nueva campaña de agitación violenta anti-ahmadía concebida y diseñada por el propio gobierno y llevada a cabo por los mul-lahs. El estatus de “minoría” constituyó una innovación en sí mismo, pues si bien los demás grupos eran minoría religiosa en razón de su profesión de fe, a los áhmadis se les denominó “minoría” a la fuerza, a través de la legislación.

El Decreto XX del General Zia

El General Zia, dictador militar del Pakistán, dio muchos pasos más en 1984, cuando, para ganar el apoyo de los islamistas radicales del Pakistán, promulgó el tristemente famoso Decreto XX anti-ahmadía que añadió los artículos penales 298-B y 298-C al Código Penal del Pakistán. A través de este Decreto, se privó a los áhmadis de la mayoría de sus derechos fundamentales y de su libertad de culto. Por disposición de este Decreto, se podía imponer a cualquier áhmadi una pena de prisión rigurosa de 3 años y una sanción sin límites. Cualquier áhmadi podía ser fácilmente acusado por profesar su fe o por “actuar” como un musulmán. El Decreto se convirtió en la luz verde que permitió que los elementos anti-ahmadía abrieran las compuertas de la tiranía con el apoyo del Estado. El Decreto supone un arma idónea en la mano de los radicales y del gobierno para incriminar a los áhmadis en base a argumentos carentes de fundamento y excusas mezquinas. Desde 1984, 44 áhmadis han sido asesinados, se ha intentado asesinar a otros 90, han sido saqueadas las propiedades de mucha gente y sus lugares de culto han sido destruidos,  profanados y sometidos a todo tipo de ataques y hostigamiento.Aproximadamente, tres mil áhmadis han sufrido la persecución en los tribunales. Centenares han sido condenados. Además, toda la población áhmadi de Rabwah (cerca de 35.000 personas) fue acusada bajo el artículo anti-ahmadía del código penal del Pakistán PPC 298C.

Todos los sectores del gobierno recibieron la directiva de asegurar que el Decreto XX se aplica de manera efectiva. En consecuencia, los áhmadis que expresaban el saludo habitual de Assalamo Aleikum fueron mandados a prisión por los jueces y magistrados. Se provocó violencia y disturbios a gran escala, con pleno apoyo de los organismos responsables del cumplimiento de la ley, en lugares como Nankana Sahib y Chak Sikandar, donde grandes comunidades de áhmadis tuvieron que huir para buscar refugio en otros lugares tras sufrir grandes saqueos, incendios provocados, destrucción y asesinatos. El gobierno apenas hizo nada para socorrer a las víctimas. En diversas ocasiones, las víctimas fueron arrestadas por las autoridades. Esta persecución fue diseñada y dirigida para que su alcance fuera persistente y extenso. Se consiguió que su influencia dañina se extendiera sobre cada aspecto de la vida individual y comunitaria de los áhmadis. La educación, los empleos, la economía, la vida social, se convirtieron en objetivos y así continúan en el presente. Se restringió la entrada de estudiantes áhmadis en los colegios profesionales y universidades. En muchas ocasiones un estudiante áhmadi era admitido por sus méritos, pero su matrícula era rechazada en razón de su fe.
Incluso en determinadas residencias, se exige que el candidato declarare que no es áhmadi. Se ha añadido una nueva columna en los pasaportes pakistaníes donde queda registrada la religión del portador. Incluso para obtener un carné de identidad, cada ciudadano pakistaní que se considere musulmán, ha de firmar una declaración, en la que el o ella, ha de denegar la veracidad de Hazrat Ahmad, el Fundador de la Comunidad Ahmadía. A menudo, en el terreno del empleo, incluso en los puestos públicos de menor relevancia, se evita que los ocupen los áhmadis por el único motivo de su fe. El Jefe Supremo de la Comunidad Ahmadía, ante la imposibilidad de ejercer sus funciones, tuvo que salir fuera del país, no siendo posible su regreso desde entonces. Durante su ausencia, se le ha implicado en 17 acusaciones distintas, la mayoría de las cuales conllevan una larga condena en prisión, y una de ellas, la pena de muerte por supuesta blasfemia.

La situación en Rabwah

En Rabwah, sede central de la Comunidad Ahmadía, el efecto del Decreto, ha sido excepcionalmente evidente. El 95% de la población es áhmadi. El Gobierno ha tomado las medidas oportunas para negarles los más mínimos derechos ciudadanos. Se han llegado a prohibir incluso los eventos deportivos. En la ocasión jubilosa del primer centenario de la Comunidad Ahmadía, se prohibió a los residentes encender luces decorativas y distribuir golosinas. Mediante artimañas, se les ha prohibido elegir, e incluso votar a sus cargos municipales. Se les dijo que sólo podían votar como no-musulmanes, lo que no les resultaba aceptable. En consecuencia, se han impuesto consejos locales en Rabwah que no representan al 95% de la población. Las convenciones religiosas anuales, que se celebraban desde 1948, fueron permanentemente prohibidas. Como mencionamos antes, la policía ha abierto un proceso criminal contra toda la población áhmadi de Rabwah. El caso permanece abierto, y cualquier áhmadi de esta ciudad puede ser detenido en cualquier momento. Se permite a la minoría no-áhmadi celebrar todo tipo de manifestaciones y reuniones públicas a lo largo del año, y se les da la libertad de ofender y comportarse provocativamente contra los áhmadis residentes en el lugar. El Gobierno dice que tiene reservado un escaño para los áhmadis en la Asamblea Nacional, pero con la condición de que voten como no-musulmanes. De esta manera se les ha privado del derecho al voto en la organización “democrática” del país. La publicación de literatura religiosa ahmadía está prácticamente prohibida. Las imprentas están calusuradas. Montones de procesos criminales han sido abiertos contra los editores, impresores y responsables de publicaciones de diarios y periódicos áhmadis. No se les permite el empleo de términos como “amén” o “inshallah”. El responsable editorial ha sido incriminado en tal cantidad de procesos que estaría cualificado para entrar en el libro Guiness de los Récords. En 1999, el gobierno de Nawaz Sharif cambió arbitrariamente el nombre de Rabwah por Chenab Nagar en contra del deseo del 95% de su población. Se trataba de una seria violación de un principio democrático. El 30 de abril de 1999, las autoridades arrestaron a los máximos responsables de la Comunidad Ahmadía en el Pakistán y Rabwah, acusándoles falsamente de profanar el Corán e imputándoles cargos que podrían haberles conducido a la cadena perpetua. Sólo tras la condena y presión internacional dichos cargos fueron retirados.

Reacción Internacional

Las organizaciones internacionales de derechos humanos se han hecho eco de esta desgraciada situación. Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, Abogados por los Derechos Humanos de EEUU etc. han publicado informes sobre este tema. La Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías de la ONU, expresó en 1985 su grave preocupación por el Decreto XX y urgió a la Comisión a que convocara al Gobierno de Pakistán para que retirara este decreto y restaurara los derechos humanos a los áhmadis. Sin embargo, desgraciadamente, no se ha hecho nada efectivo desde el exterior para obligar a las autoridades pakistaníes a que retiren este Decreto, que en la actualidad forma parte de la Constitución del país a través de una 8ª enmienda.

La Ley de Blasfemia

En 1986 fue aprobada la ley de blasfemia (código penal del Pakistán PPC 295-C). Fiel al designio de sus autores, la mayoría de las víctimas de esta ley son los áhmadis, a pesar de que ellos, de ninguna manera, serían capaces de pensar en ofender el nombre del Santo Profeta. El único castigo contemplado en la actualidad para la violación de esta ley es la pena de muerte. A pesar de que han cambiado muchos gobiernos, las leyes anti-ahmadía y la Ley de Blasfemia han permanecido inalterables en el código de leyes y con ellas se ha afrontado a los áhmadis. Desde 1984, no ha transcurrido un solo día en el no haya ingresado algún áhmadi en prisión a causa de estas leyes. Hasta este momento, 200 áhmadis han sido acusados de violar la Ley de Blasfemia que les puede hacer reos de la pena capital. La declaración del gobierno del Pakistán afirmando que hasta ahora no se ha colgado a ningún áhmadi es engañosa, ya que la política del gobierno ha animado a los mul-lahs a tomar la justicia por su mano y asesinar a los áhmadis. Decenas de áhmadis han sido asesinados en los años recientes a causa de su fe, y prácticamente ninguno de sus asesinos ha sido arrestado. Este es un “ejemplo de libro” de cómo llevar a cabo una política por otros medios. En muchos casos, los asesinos y sus patrones son totalmente conocidos por el gobierno, pero no se toman medidas para pedirles cuentas. Tres áhmadis fueron condenados a cadena perpetua por sentencias dictadas al amparo de esta ley por tribunales procesales. Se les conmutó la pena capital en base a que, cuando fueron acusados en 1988, la cadena perpetua estaba contemplada en el código de leyes como castigo alternativo.

Acta Anti-Terrorista (ATA)

Esta acta fue promulgada en 1997 aparentemente con el fin de poner freno al terrorismo. Sin embargo, autoridades y mul-lahs con pocos escrúpulos, descubrieron en esta ley un arma eficaz para perseguir a los áhmadis, manipulando la cláusula religiosa PPC 295 A. Un áhmadi fue castigado con diez años de prisión por un Tribunal  Especial ATA por haber rellenado (supuestamente) mal un formulario del censo. Otro joven áhmadi que se puso una camiseta que tenía escrito sobre ella el Kalima (credo islámico), fue arrestado y enviado a un tribunal especial. En situaciones esencialmente similares, 62 áhmadis han sido acusados al amparo del PPC 295 A, cuya competencia corresponde a los Tribunales Especiales ATA. Los áhmadis sobre quienes recae esta acusación ven denegada la mayor parte de las veces la libertad bajo fianza.

La situación actual

No hay a la vista ningún cambio. Se sigue castigando a los áhmadis a largas condenas por motivos ridículos. Un áhmadi ha sido sentenciado el año pasado a un total de 13 años en prisión por un tribunal especial, por decir a alguien que el Reformador de los Últimos Días ya apareció. El Tribunal Supremo del Pakistán, en un veredicto de 1993 rechazo la petición de la comunidad ahmadía solicitando la libertad religiosa; de esta manera, el recorrido judicial ha llegado a un callejón sin salida. La Corte Suprema, no sólo justificó el Decreto XX del general Zia, sino que llegó a sugerir que la posición teológica ahmadía, en sí misma, puede considerarse blasfema.

Animados por la decisión del Tribunal Supremo, los otros tribunales han dejado, en su mayoría, de aceptar peticiones de libertad bajo fianza para los áhmadis que se enfrentan a procesos. Los magistrados y la policía encuentran conveniente, de manera despreocupada, añadir el crimen de blasfemia conforme al código penal PPC-295C. Un caso típico es el de 4 áhmadis de Mianwali. Sus oponentes, que tenían una riña familiar con ellos, consiguieron que los arrestaran bajo la acusación de blasfemia. Su petición de libertad bajo fianza estuvo pendiente de ser estudiada por el Tribunal Supremo desde el año 1994. Languidecieron en prisión durante 4 años antes de que les fuera decretada la libertad bajo fianza. Finalmente fueron declarados inocentes.

Los crímenes y otras formas de violencia continúan perpretandose contra la Comunidad. Un sobrino del Jefe Supremo de la Comunidad fue asesinado a plena luz del día. Recientemente, con el régimen actual, se asaltó, saqueó y destruyó la residencia de un dirigente de la Comunidad, por parte de una pandilla liderada por un mul-lah, en presencia de la policía, que más tarde arrestó a la víctima y a sus dos hijos en base a una acusación inventada. No se tomó ninguna medida contra los saqueadores.

Si bien al poco de asumir el cargo, el Presidente Musharraf manifestó sus intenciones de tratar a todos los sectores sociales pakistaníes como ciudadanos con iguales derechos, su gobierno no ha tomado ninguna medida significativa para aliviar los sufrimientos de los áhmadis. El gobierno emitió una declaración política en febrero del 2000, en la que decía que, a pesar de la suspensión de la Constitución, no habría cambios en el status legal y constitucional de los áhmadis. El Gobierno Federal asumió todas las demandas de los mul-lahs, incorporando todas las provisiones religiosas de la difunta Constitución a la Orden Provisional Constitucional (PCO) del régimen militar, con efectos retroactivos. El Gobierno también se volvió atrás en su intención de modificar la admisión de casos en relación con la Ley de la Blasfemia. Los tribunales siguen la tendencia a negar la libertad bajo fianza, y continúan castigando a los áhmadis por motivos religiosos. El presidente de una comunidad ahmadía local en el distrito de Bahawalnagar fue condenado a dos años de prisión por construir un nicho y un minarete en una mezquita propiedad de los áhmadis. El 11 de octubre, un magistrado de Qasur castigó con un año de cárcel a cada uno, a tres áhmadis, por mostrar el credo islámico y versículos del Corán en su casa y en sus tiendas, en un caso que se remontaba a 13 años atrás. Nada ha cambiado, los áhmadis siguen recibiendo más de lo mismo.

Esta es la situación angustiosa y desesperante de los áhmadis en el Pakistán.

Más en www.thepersecution.org